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El PSOE reclama la protección de las explotaciones apícolas tradicionales frente a las malas prácticas

12 Mar 2021
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Los procuradores socialistas por Palencia, Rubén Illera, Jesús Guerrero y Consolación Pablos, han reclamado en las Cortes de Castilla y León la protección de las explotaciones apícolas tradicionales frente a las malas prácticas que, en algunos casos, se ejercen desde los asentamientos trashumantes.

De esta forma, desde el PSOE se da traslado de las inquietudes planteadas por parte de los apicultores de la Montaña Palentina, especialmente de la zona de Guardo, donde el Grupo Municipal Socialista ya ha encabezado las reivindicaciones de este sector a través de diversas iniciativas. Los apicultores dicen sentirse desamparados por parte de la Junta de Castilla y León ante su reiterada dejación de funciones, mostrándose indefensos ante las malas prácticas que muchos apicultores trashumantes realizan, la gran mayoría provenientes de otras Comunidades Autónomas.

Para los procuradores socialistas, la importancia y existencia de la apicultura es del todo fundamental para el desarrollo social, económico y del medio ambiente para la comunidad y la provincia de Palencia. Además, ayuda notablemente a fijar población, cuestión vital y de extrema importancia para muchas de las zonas geográficas de Castilla y León y de la zona norte de la provincia de Palencia. 

En las últimas semanas, los parlamentarios autonómicos se han reunido con los representantes de los apicultores de la Montaña Palentina, quienes han trasladado sus preocupaciones y reivindicaciones demandando, principalmente, un mayor interés por parte de la Junta en relación al cumplimiento de la normativa relacionada con la actividad apícola en general y la trashumante con carácter particular.

Tras recoger sus inquietudes, lo que se pretende a través de las múltiples iniciativas presentadas por el Grupo Socialista es dar cumplimiento a la normativa autonómica existente en materia de control y supervisión por parte de la Junta, garantizando con ello, tanto la protección de los apicultores trashumantes como también la de los estantes. Como colofón a estos contactos se busca la complicidad del resto de grupos políticos, especialmente PP y “Ciudadanos”, para que den su apoyo a la Proposición no de Ley que deberá debatirse en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

En la provincia de Palencia existen 742 explotaciones apícolas, 590 son de autoconsumo, 127 no profesionales y tan solo unas 40 de carácter profesional. En 2019 se instalaron en la Montaña Palentina más de 1500 colmenas. Dicha situación movilizó a los pequeños productores de la zona a exigir sin éxito a la Junta una mayor regulación y a cumplir las medidas de seguridad previstas en la normativa autonómica para evitar situaciones de riesgo sanitario o ataques de abejas a sus colmenas.

Para el PSOE, la problemática trasladada por el colectivo de afectados en Palencia, APINORPA, debiera ser tenida en cuenta por su importancia tanto para la economía de la zona como para el medio ambiente, fomentando lo que realmente es beneficioso para la polinización de los cultivos. De hecho, las malas prácticas que realizan los apicultores trashumantes, los menos, que no cumplen con la normativa perjudican gravemente a los existentes en la zona de asentamiento donde se instalan temporalmente. Estos principalmente buscan en la zona norte de Palencia la floración tardía y se instalan muchos de ellos sin cumplir con la reglamentación existente, condenando con ello gravemente a los apicultores de la zona, quienes ven reducido su producción de miel, en el mejor de los casos y padeciendo la muerte de colmenas enteras, en el peor de los casos. 

Para Illera, Guerrero y Pablos resulta absolutamente necesario proteger las explotaciones apícolas tradicionales y, del mismo modo, garantizar las buenas prácticas de todos los apicultores que desarrollan la trashumancia para velar y proteger la subsistencia de los apicultores de la Montaña Palentina. Para ello, a juicio del PSOE, deberá tramitarse una regulación específica en materia de comunicaciones de los asentamientos trashumantes, aumentando considerablemente el control y la supervisión de esta actividad y actualizando las sanciones existentes.

 
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